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Análisis

Kaspersky Lab apela contra el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Kaspersky Lab anunció esta semana que presentó un recurso de apelación en la corte federal contra la Directiva Operativa Vinculante 17-01 del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) que prohíbe el uso de los productos de la compañía en las agencias federales.

Representantes de la compañía afirman que la decisión del DHS es inconstitucional y está basada en fuentes públicas no técnicas y subjetivas, tales como artículos en la prensa, declaraciones y rumores no corroborados. Además, hacen referencia al impacto negativo en sus ingresos y en su reputación.

“El DHS no ha proporcionado a la compañía el debido proceso legal para refutar las acusaciones infundadas de la Directiva y no ha aportado ninguna evidencia de la comisión de delito por parte de la compañía”, citan en un comunicado de prensa.

Compromiso de transparencia

Desde Kaspersky Lab destacan que la disposición de la compañía para colaborar con el DHS ha sido documentada.

En efecto, a mediados de agosto, el DHS confirmó la recepción de la carta enviada por la compañía, agradeciendo el ofrecimiento de proporcionar más información y expresando su interés de entablar comunicación en futuras ocasiones con Kaspersky Lab sobre estas cuestiones.

No obstante, la siguiente comunicación del DHS a Kaspersky Lab fue la notificación de la expedición de la Directiva Operativa Vinculante 17-01 el 13 de septiembre de 2017.

“Como resultado, las acciones tomadas por el DHS han causado un daño tanto a la reputación de la compañía en el sector de la seguridad TI como a sus ventas en EE.UU. Se ha puesto en duda de forma injusta los principios fundamentales de Kaspersky Lab de proteger a sus usuarios y combatir las ciberamenazas, independientemente de su origen y propósito”, recalcan.

Al presentar este recurso, la compañía espera poder proteger sus derechos en un proceso legal adecuado bajo la Constitución de los Estados Unidos y las leyes federales, así como reparar el daño causado a sus operaciones comerciales, a sus empleados en EE.UU. y a sus socios con sede en EE.UU.

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